Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader reveló este lunes en LA Semanal, que el desalojo en el barrio Mata Mosquito, en Friusa, Bávaro, provincia La Altagracia, se produjo a solicitud de los dueños del terreno, al ser propiedad privada.
El mandatario explicó que dichos terrenos habían sido ocupados, de forma irregular, desde el año 2010.
“Ese era un terreno privado, invadido en el 2010, y los dueños originales del terreno habían solicitado la fuerza pública. Se les concedió hace unos meses y procedieron” al desalojo, afirmó Abinader durante el encuentro con la prensa este lunes.
El operativo, llevado a cabo la semana pasada por organismos migratorios y fuerzas militares, resultó en la demolición de decenas de casas construidas con bloc, zinc y madera, en su mayoría habitadas por inmigrantes haitianos indocumentados, destaca la información publicada por Diario Libre.
También, el pasado viernes, unos 380 haitianos se trasladaron de forma voluntaria hacia la zona fronteriza para retornar a su país, tras haber sido desalojados de la zona.
“Ya prácticamente ese sector (Mata Mosquito) está en su mínima expresión”, aseguró el jefe de Estado.
Asimismo, Abinader señaló que los propietarios del terreno decidirán lo que se hará en el mismo ahora en adelante.
Medidas del Gobierno
El diario refiere que el Gobierno dominicano dio inicio en octubre del 2024 a un amplio operativo de deportación de haitianos indocumentados y el lunes 21 de abril comenzó a aplicar el protocolo en los hospitales dominicanos en los que han detenidos parturientas y embarazadas, una acción criticada por las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, así como por el Gobierno haitiano.
Ante las críticas, el Gobierno dominicano afirmó a su homólogo haitiano, que las repatriaciones de ciudadanos de Haití en situación migratoria irregular se llevan a cabo en el marco de la ley.
Además, la Cancillería aseguró que las deportaciones se realizan con apego a los procedimientos establecidos, y responden a la responsabilidad “irrenunciable” del Estado dominicano de preservar el orden público, la estabilidad nacional y la seguridad de sus ciudadanos.
