Santo Domingo, República Dominicana.— El doctor Bunel Ramírez Merán presentó un análisis jurídico sobre las contradicciones que, a su juicio, existen entre diversas disposiciones del nuevo Código Penal de la República Dominicana, la Constitución y determinados precedentes del Tribunal Constitucional relacionados con la libertad de expresión.
Durante su ponencia magistral en el taller “El impacto del Código Penal en la libertad de prensa y la libertad de expresión”, celebrado en las instalaciones del Colegio Crossover, Ramírez Merán realizó un análisis detallado de distintas disposiciones de la nueva legislación y las confrontó con normas constitucionales y sentencias emitidas por tribunales de la República.
Uno de los puntos centrales de su exposición fue la presentación de sentencias específicas del Tribunal Constitucional relativas a los llamados delitos de palabra, en las que, según explicó, se establecen criterios contrarios a la utilización de penas de prisión como respuesta frente a determinadas expresiones.
El jurista destacó que las decisiones del Tribunal Constitucional tienen carácter vinculante para todos los poderes y órganos del Estado, por lo que planteó interrogantes sobre la compatibilidad entre esos precedentes constitucionales y algunas de las disposiciones incorporadas al nuevo Código Penal.
A partir de estos criterios, Ramírez Merán cuestionó el espíritu y las razones que pudieron llevar al legislador a aprobar determinadas disposiciones, particularmente aquellas que podrían entrar en tensión con el régimen constitucional de protección de la libertad de expresión.
Un análisis artículo por artículo
Durante su intervención, el doctor Ramírez Merán desarrolló una revisión jurídica de diferentes artículos del nuevo Código Penal, estableciendo comparaciones con disposiciones de la Constitución de la República y con decisiones emanadas de los tribunales nacionales.
La exposición puso especial atención en las normas que pueden tener incidencia directa sobre periodistas, comunicadores y ciudadanos que ejercen el derecho a expresar opiniones, formular críticas, denunciar situaciones de interés público o difundir informaciones.
El especialista sostuvo que el debate no debe limitarse a determinar qué conductas pueden ser sancionadas penalmente, sino que también debe analizarse si las sanciones previstas respetan los principios constitucionales de necesidad, proporcionalidad y protección de los derechos fundamentales.
La ponencia generó uno de los principales debates de la jornada, al colocar frente a frente el contenido del nuevo Código Penal y el conjunto de garantías constitucionales que protegen la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Libertad de expresión y Estado constitucional
El análisis de Ramírez Merán se produjo en un taller concebido precisamente para examinar los desafíos que representa el nuevo Código Penal para el ejercicio de la comunicación en la República Dominicana.
La actividad contó además con exposiciones y debates sobre la responsabilidad de periodistas y comunicadores, el uso de imágenes, la protección de la honra y la dignidad, y los límites del ejercicio de la libertad de expresión.
El encuentro fue organizado por la revista Gente y Política y la Oficina Jurídica Ramírez Merán y Asociados, con el apoyo del Colegio Crossover y en alianza con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), filial Santo Domingo Oeste.
La exposición de Bunel Ramírez Merán dejó planteada una interrogante fundamental para el debate jurídico nacional: ¿hasta dónde puede llegar el legislador al establecer sanciones sobre expresiones y conductas comunicacionales cuando existen precedentes constitucionales que protegen de manera reforzada la libertad de expresión?
