Santo Domingo Oeste, RD. – La Fundación Transparencia Total por la Democracia (TRATO) intimó formalmente al Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y a cada uno de sus quince (15) regidores para que procedan a la devolución de sueldos percibidos, otorgándoles un plazo improrrogable de un (1) día franco a partir de la notificación.
La intimación está contenida en el Acto No. 574-2026, fechado el 12 de enero de 2026, instrumentado por un alguacil ordinario del Sexto Juzgado de Paz de Santo Domingo Oeste, y constituye una advertencia formal con fines legales.
Fundación acciona en defensa de la legalidad
El requerimiento fue realizado a instancia de la Fundación Transparencia Total por la Democracia (TRATO), entidad sin fines de lucro dedicada a la promoción de la transparencia y el fortalecimiento institucional, representada legalmente por el abogado Bunel Ramírez Merán.
Según el documento, la fundación actúa amparada en las leyes dominicanas y en su rol de veeduría ciudadana, al considerar que existen elementos suficientes para cuestionar la legalidad de los pagos realizados a los regidores.
Notificación directa al Concejo
El alguacil actuante dejó constancia de haberse trasladado al domicilio oficial del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, ubicado en el sector Las Caobas, donde notificó formalmente la intimación, qued
El acto señala que la intimación tiene efectos legales plenos y que su incumplimiento podría dar lugar a acciones judiciales, administrativas o de otra naturaleza, conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico dominicano.
Un tema de alto interés público
La intimación se produce en un contexto de creciente escrutinio ciudadano sobre el uso de los recursos públicos en los gobiernos locales, especialmente en lo relativo a la transparencia, la legalidad de las compensaciones económicas y la rendición de cuentas de los funcionarios electos.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste ni los regidores involucrados han emitido una posición oficial en respuesta al requerimiento de la fundación.
Posibles repercusiones
Expertos consultados señalan que este tipo de actos constituye un paso previo a eventuales demandas o denuncias formales, y subrayan que la falta de respuesta dentro del plazo establecido podría agravar la situación legal de los funcionarios intimados.
La Fundación TRATO reiteró que su acción no persigue fines políticos, sino el respeto a la ley, la transparencia en la administración municipal y la defensa del interés colectivo.
